La DEA ocultó pistas claves sobre Ayotzinapa
Washington, 27 de septiembre de 2025. Durante años quedó sepultada una pieza clave en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa: mensajes interceptados por la DEA entre líderes del cártel Guerreros Unidos y cómplices en México, que nunca fueron compartidos con las autoridades mexicanas en tiempo oportuno. Según documentos del Archivo de Seguridad Nacional, esos intercambios ocurrieron entre una célula del cártel radicada en Chicago y sus contactos estratégicos en Guerrero e Iguala.
La agencia estadounidense tenía mandato judicial para monitorear teléfonos Blackberry de miembros de esa célula criminal y rastreó comunicaciones con figuras delictivas tanto en Estados Unidos como en México. Los mensajes revelan que, durante las horas en que los jóvenes fueron desaparecidos, ciertos integrantes del cártel reaccionaban a la violencia en tiempo real, sin conocimiento anticipado de los ataques.
Entre los interlocutores de esas conversaciones estuvieron Adán Casarrubias Salgado (alias “Silver”, “Tomato”) y Pablo Vega Cuevas (alias “Transformer”), quienes más tarde se declararon culpables en tribunales estadounidenses. En los textos se encuentran referencias directas a maniobras para encubrir rutas y actividades del cártel, incluso expresiones crudas que aluden a reacciones apresuradas frente a la coyuntura violenta.
Las investigadoras Kate Doyle y Claire Dorfman destacan que esa información de inteligencia “ofrecía pistas críticas que no existen en otro lugar”. También denuncian que pese a la importancia de esos materiales, el gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto no los solicitó de inmediato y que el Departamento de Justicia estadounidense mostró poco interés en compartir evidencia reservado para sus propias fiscalías.
La demora en compartir esos indicios fue significativa: los datos completos no estuvieron disponibles para fiscales mexicanos hasta 2022, ocho años después de la desaparición de los estudiantes. Esta falta de transparencia profundizó los vacíos investigativos y generó cuestionamientos sobre la cooperación bilateral en un caso emblemático de derechos humanos.
Al difundirse ahora la totalidad de los textos interceptados, se confirma que existió una corrupción sistemática que involucraba desde autoridades locales hasta fuerzas federales e incluso militares, que –según las investigaciones– ayudaron a obstaculizar la investigación. En conjunto, los revelaciones aportan una nueva dimensión al caso Ayotzinapa, sumando testimonios e indicios que durante mucho tiempo permanecieron en el silencio institucional.