Reconstrucción por sismo de 2017 concluirá en 2026, promete gobierno de la CDMX
Ciudad de México, 20 de septiembre de 2025. El Gobierno de la Ciudad de México anunció que la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 concluirá a mediados de 2026, ya que cuenta con suficiencia presupuestal para lograr esta meta. Se destinarán 3 mil 700 millones de pesos para avanzar con los trabajos pendientes, aunque aún se desconoce con certeza el monto total asignado originalmente ni el destino exacto de ciertos recursos que podrían haber sido desviados. Las autoridades admiten que hubo irregularidades: en la administración anterior la Fiscalía General de Justicia (FGJ) ha investigado apoyos otorgados a inmuebles que no cumplían los requisitos, autorizaciones hechas sin la supervisión correspondiente, y posibles malversaciones en obras pagadas pero no ejecutadas.
El comisionado de reconstrucción, Edgar Tungüí, fue detenido y extraditado de España por estos señalamientos, pero quedó en libertad tras obtener un amparo; mientras tanto siguen abiertas las indagatorias sobre apoyos por más de 200 millones de pesos que presuntamente se autorizaron para ocho inmuebles sin cumplir con los requisitos legales. En 2018, otro monto de más de 5 mil millones de pesos del presupuesto de ese año fueron destinados a planes de reconstrucción supervisados por exfuncionarios, quienes ahora están bajo escrutinio por su papel durante el reparto y ejercicio de esos recursos.
El secretario de Administración y Finanzas capitalino, Juan Pablo de Botton, reconoció la existencia de recursos suficientes para terminar la reconstrucción de mil 874 viviendas en el año entrante, de un total de alrededor de 22 mil viviendas afectadas. La Secretaría de Gobierno, por su parte, admitió no tener claro si se recuperaron los fondos presuntamente desviados en obras no realizadas, asunto en manos de la FGJ, mientras que el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, coincidió en que corresponde dar seguimiento público al estatus de las investigaciones.
Familias damnificadas han denunciado que la corrupción fue uno de los principales obstáculos que les ha impedido regresar a sus hogares: el Movimiento de Familias Damnificadas del 19 de septiembre afirma que unas 3 mil 500 familias de los damnificados representan a quienes aún no han logrado reocupar sus viviendas. En un acto público la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reconoció que recursos públicos destinados para las personas afectadas terminaron siendo usados en “bolsas privadas”.
En el Multifamiliar Tlalpan, en la zona de Taxqueña, vecinos denunciaron que un departamento reconstruido fue ocupado ilegalmente tras la muerte de su propietario, apartamento que habría quedado bajo investigación de la FGJ. Los sellos de seguridad fueron retirados y recientemente estaría habitado por una pareja de venezolanos, quienes según denuncias cuentan con protección de instancias judiciales.
A pesar de los señalamientos y atraso, las autoridades insisten en que para antes de que concluya el primer semestre de 2026 estarán concluidas todas las obras restantes, lo que incluye las viviendas que están en obra negra, con daños parciales o completas, así como aquellas afectadas por fallas estructurales. El compromiso gubernamental apunta también a transparentar el uso de los fondos remanentes y a que las investigaciones en curso rindan cuentas claras para prevenir nuevos actos de corrupción.
Las promesas generan expectativas entre los afectados, muchos de los cuales han vivido casi ocho años en lugares provisionales, de renta o prestados; mientras tanto, los procesos judiciales lentamente avanzan, pero no han sido suficientes para disolver la desconfianza. Para los damnificados lo importante no es sólo que terminen las construcciones, sino que haya justicia, se preocupe por los trámites pendientes, se atiendan los reclamos legítimos y se garantice que sus hogares sean seguros y que nadie pierda derechos.
El sismo de 2017 dejó una marca profunda en la Ciudad de México, tanto física como social y política, y la reconstrucción se ha convertido en uno de los temas más sensibles y simbólicos para la administración capitalina. El plazo anunciado, los montos involucrados y la apertura de las investigaciones son parte de una apuesta para cerrar un capítulo que han exigido tanto tiempo espera, reparación —material y moral—, y responsabilidad de quienes ejercieron el poder en el pasado y quienes lo ejerzan ahora.