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Monday 6th October 2025
Gobierno enfrenta costos de arbitraje por millonaria deuda de TV Azteca
By Redacción DP

Gobierno enfrenta costos de arbitraje por millonaria deuda de TV Azteca

Ciudad de México, 18 de septiembre de 2025. El gobierno mexicano enfrenta un arbitraje internacional promovido por los fondos de inversión estadunidenses Capital Partners y Contrarian Capital Partners, los cuales exigen al menos 500 millones de dólares que TV Azteca debe a esos inversionistas.

La disputa legal se mantiene ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), instrumentada bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), desde agosto de 2023. 

Los inversionistas acusan que TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, dejó de pagar bonos emitidos en 2017, y aprovecharon una medida judicial local en la Ciudad de México para suspender el cumplimiento de esas obligaciones con base en que la pandemia de covid-19 sería un “caso de fuerza mayor”. 

El Juzgado 63 Civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, bajo el juez Miguel Ángel Robles Villegas, fue quien otorgó dicha suspensión sin notificar ni conceder audiencia a los inversionistas, lo que ha sido señalado como una acción irregular en la demanda presentada ante Ciadi.

Aunque la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria en mayo de 2023, el tribunal local ha sostenido que aún hay casos de covid-19, lo que ha permitido mantener vigente la suspensión de obligaciones de deuda.

Los inversionistas han señalado que el Estado mexicano podría estar incurriendo en responsabilidad bajo el T-MEC por no garantizar un juicio justo e igualdad de condiciones al permitir dichas medidas judiciales locales que favorecen a TV Azteca. 

Representantes legales de los fondos han solicitado diálogo de alto nivel con el gobierno mexicano para buscar una solución negociada a la controversia, en lugar de que el asunto progrese únicamente por la vía judicial. 

El litigio implica costos potenciales elevados para el Estado, no sólo por los posibles montos de reparación reclamados, sino también por los costos legales, honorarios, intereses y compensaciones que podrían imponerse si se resuelve a favor de los inversionistas. 

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  • 18 de septiembre de 2025