Negarán inscripción al RFC a empresas con socios vinculados a factureras
Ciudad de México, 12 de septiembre de 2025. El gobierno federal propuso una modificación al Código Fiscal de la Federación para impedir que nuevas empresas se registren en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) cuando entre sus socios, accionistas o integrantes aparezcan personas que previamente hayan estado vinculadas con empresas factureras que emitían comprobantes de operaciones inexistentes.
La iniciativa busca ir más allá de sancionar empresas fantasmas y concentrarse en los individuos que operan detrás de esos esquemas, con la intención de cortar desde la raíz la proliferación de sociedades que se crean solo para emitir facturas sin sustento real.
Según el documento enviado con el Paquete Económico, se han identificado redes complejas que evaden el pago de impuestos mediante la creación de personas morales que forman parte de cadenas de emisión y uso de facturas apócrifas, con socios que repiten nombres o estructuras en distintas empresas con los mismos fines.
La medida propone que, cuando los modelos de riesgo del SAT detecten indicios de que una empresa podría estar involucrada en actividades simuladas, se niegue su inscripción al RFC; además contempla la posibilidad de promover acciones penales contra quienes participen en esas prácticas.
Parte de la iniciativa también contempla agilizar el proceso para que el SAT realice visitas domiciliarias en un lapso de hasta 24 días para verificar si los comprobantes digitales reportados por una contribuyente respaldan operaciones efectivamente realizadas; en tanto tanto, se propone suspender temporalmente la capacidad de facturar de esa empresa sospechosa.
Otra medida consiste en otorgar a los receptores de facturas digitales aparentemente falsas un plazo de 30 días para regularizar su situación fiscal, y si no lo hacen, que se suspenda su certificado de sello digital, lo que impide emitir facturas.
El presidente Claudia Sheinbaum Pardo respalda la propuesta, misma que integra el combate al uso de empresas fachada dentro del marco del Paquete Económico 2026, con la meta de fortalecer la recaudación y evitar que la elusión fiscal siga socavando las finanzas públicas.