Pozos de Yucatán, contaminados por heces porcinas: un problema que persiste
Mérida, Yucatán, 5 de septiembre de 2025. El agua destinada al consumo humano en por lo menos diez comunidades mayas de Yucatán está contaminada con bacterias fecales provenientes de granjas porcinas, advierten activistas y pobladores, quienes además denuncian que siguen operando a pesar de resoluciones judiciales en su contra.
Estudios realizados por el Laboratorio de Ecología Microbiana y Productos Naturales Marinos de la UNAM confirmaron la presencia de coliformes fecales y Escherichia coli en pozos y tuberías de comunidades como Chocholá, Kopomá, Kinchil, Maxcanú, Santa Teresa, Paraíso, Santa María Chi, San Fernando y San Rafael.
Por su parte, especialistas de la Universidad Johns Hopkins utilizaron un marcador genético que permitió detectar materia fecal porcinas en el agua potable. Importante destacar que la contaminación no proviene de humanos ni de animales silvestres, sino directamente de los desechos porcinos.
Los riesgos sanitarios son graves, advirtió la abogada y activista Lourdes Medina Carrillo: “Hablamos de riesgos para niñas, niños y adultos mayores”, declaró, mientras los residentes insisten en que las granjas continúan operando sin consideración a la salud y el medio ambiente.
De acuerdo con Medina, en 2023, autoridades como Profepa y Semarnat reconocieron la existencia de más de 500 granjas porcinas en la entidad. No obstante, menos de diez contaban con autorización ambiental para operar. Ante esto, los afectados exigen intervención urgente de dichas dependencias para detener la contaminación y hacer cumplir los fallos judiciales existentes.
En comunidades como Santa María Chi, la empresa Pecuaria Peninsular sigue operando a escasos metros de viviendas, pese a que en 2024 un juez federal ordenó su cierre. Aunque Profepa impuso una multa superior a los 14 millones de pesos, esta no ha sido saldada y las actividades persisten.
La contaminación ha generado efectos perjudiciales en la vida cotidiana de los pobladores. Padres de familia aseguran verse obligados a comprar agua en garrafones incluso para bañar a los bebés, ya que el agua les provoca ronchas en la piel. Además, el olor fétido que impregna los hogares dificulta las actividades cotidianas, mientras quienes alzan la voz enfrentan amenazas.
Un ejemplo claro del impacto socioeconómico y cultural lo constituyen los apicultores de Maxcanú. Una cooperativa perdió su certificación de miel orgánica en 2019 debido a la cercanía con las granjas. El daño representó casi un millón y medio de pesos en pérdidas, y lo más grave: amenaza su vínculo ancestral con las abejas y la tierra.
Las comunidades mayas han decidido pasar del diagnóstico a la acción. A mediados de esta semana, presentaron una nueva denuncia ante Profepa, Semarnat y Conagua, pues ya no quieren más estudios: exigen que se actúe para proteger su derecho al agua limpia y a un entorno sano.
En suma, la situación alerta sobre la urgente necesidad de aplicar sanciones y medidas efectivas que garanticen el acceso a agua potable segura y la preservación del medio ambiente en las comunidades mayas afectadas, cuya salud y formas de vida están en riesgo latente.