Fin a las millonarias pensiones de exaltos mandos de LFC y Pemex
Ciudad de México, 30 de agosto de 2025. La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno detectó que exfuncionarios de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) reciben pensiones que superan con creces el salario de la presidenta Claudia Sheinbaum. Uno de ellos percibe más de un millón de pesos mensuales, mientras otros treinta y tres reciben entre 700 mil y casi un millón de pesos. Estas cifras contrastan con el promedio nacional de pensión, que es apenas de siete mil pesos.
En total, el gobierno federal destina cada año 28 074 millones de pesos para cubrir las pensiones de 14 073 exempleados de LFC. De ellos, 9 457 pensionados reciben montos de entre 100 mil y un millón de pesos mensuales; de estos, 3 504 cobran más que el salario presidencial.
La presidenta calificó como “ofensivo” que los recursos públicos financien pensiones tan elevadas, especialmente cuando algunas personas han percibido más de 300 mil pesos durante varios años. Aseguró que se analiza, dentro del marco legal y constitucional, cómo lograr pensiones más justas y racionales.
En el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex), se identificaron 15 ex trabajadores con pensiones que superan los 340 mil pesos mensuales; ocho entre 320 mil y 339 mil; 115 entre 300 mil y 320 mil; y 133 más entre 280 mil y 300 mil. En total, 544 pensionados de la petrolera cobran más que la presidenta.
Buenrostro señaló que muchas de estas pensiones —que incluso superan lo que recibía el director general de Pemex— fueron autorizadas como casos extraordinarios por los consejos de administración y corresponden a exfuncionarios previos a la administración de López Obrador.
Para corregir esta situación, se trabaja en conjunto con la Consejería Jurídica, el IMSS, el ISSSTE, el INDEP, Pemex, la CFE y la Secretaría de Hacienda. El objetivo es revisar la legalidad de estas pensiones y, de ser necesario, impulsar reformas constitucionales.
También se emitirá un oficio circular para establecer requisitos más estrictos para el “pase de supervivencia” de pensionados, además de actualizar convenios con registros civiles para agilizar la notificación de fallecimientos. Esto evitaría que personas (incluso mayores de 100 años) sigan cobrando pensiones.
Este anuncio marca el inicio de un proceso para reducir prestaciones excesivas y promover la equidad en el uso de recursos públicos, mediante una revisión legal y coordinada que busca eliminar disparidades injustificadas.