
Niegan amparo a Silvano Aureoles contra nuevas órdenes de aprehensión
Ciudad de México, 26 de agosto de 2025. Una juez de Distrito en materia penal negó hoy la suspensión definitiva solicitada por el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, para protegerse contra nuevas órdenes de aprehensión emitidas en su contra. La decisión descarta futuros esquemas de detención adicionales, dejando firme la orden procesal vigente.
Los actos reclamados en su solicitud de amparo fueron distintos a los señalados originalmente, por los cuales ya enfrenta acusaciones de asociación delictuosa, peculado y lavado de dinero por un monto estimado en 3,412 millones de pesos, destinados a la construcción de siete cuarteles de la Guardia Civil en Michoacán.
El pasado 18 de agosto, la jueza Jovita Vargas Alarcón, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, le había concedido una suspensión provisional, previa garantía de 100 mil pesos, para protegerlo temporalmente de órdenes de captura nuevas. Sin embargo, dicha protección no aplica a la orden vigente ni a aquellas que correspondan a los mismos delitos investigados.
La negativa de la suspensión definitiva viene después de que Aureoles no se presentara a la audiencia de imputación el 20 de agosto ante la juez Patricia Sánchez Nava, en el Reclusorio Oriente, a pesar de que su defensa sí se presentó. Esa ausencia ha sido recurrente y ha sido factor para la remoción de otras garantías judiciales previas.
Desde febrero pasado, el ex gobernador ha promovido ya tres amparos para evitar órdenes de arresto. Con la decisión hoy hecha pública, la última suspensión provisional pierde eficacia, y queda sin protección jurídica respecto a nuevas órdenes de arresto o comparecencia.
La Fiscalía General de la República sostiene que esta orden vigente es ejecutable en cualquier momento y no existen nuevas órdenes pendientes que estén formalmente documentadas, lo que podría acelerar su detención si es localizado.
Este caso forma parte de una investigación más amplia por corrupción en la adjudicación irregular de obras públicas durante su gestión, por las que ya han sido vinculados a proceso y detenidos varios ex colaboradores cercanos.