Policía de Washington podrá compartir información con autoridades migratorias
Washington D.C., 15 de agosto de 2025. D.C. también se replantea hoy los límites de su imagen de santuario tras el anuncio de la jefa de policía local, Pamela Smith, quien emitió una directiva que permite compartir con agentes federales de inmigración —como ICE— datos sobre personas no detenidas, incluidos aquellos con los que se interactúa durante infracciones de tránsito, aclarando que no se trata de un cambio de política sino de una aclaración en medio del control federal emergente.
La orden faculta además a los oficiales para colaborar en el traslado de agentes y detenidos en operaciones conjuntas, aunque mantiene prohibiciones expresas sobre consultar bases de datos policiales exclusivamente para determinar el estatus migratorio o detener a alguien por esa sola razón.
La iniciativa se enmarca en una ofensiva del presidente Trump, quien recientemente decretó la federalización de la policía metropolitana de D.C. por un periodo inicial de treinta días y reforzó con la Guardia Nacional la presencia en las calles, pese a que las cifras oficiales indican que el crimen violento ha descendido en años recientes. El mandatario recibió con satisfacción la medida, calificándola como “un gran paso” y sugiriendo que pronto se replicará en otras ciudades del país.
En la noche del mismo día, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, revocó la orden de Smith y nombró al director de la DEA, Terry Cole, como comisionado de la policía de Washington, otorgándole poder total para aprobar cualquier directiva policial local, reemplazando la autoridad de la jefa de policía local.
Esta decisión fue justificada por Bondi como parte de la eliminación de “peligrosas políticas santuario”, aunque provocó fuertes críticas de autoridades distritales por considerarla “ilegal” y contraria a la ley local.
El panorama en las calles ilustra una escalada en las acciones federales: una de las primeras operaciones tras esta definición de mando fue una redada nocturna que resultó en 29 arrestos de migrantes indocumentados, mientras que en un retén conjunto de ICE y agentes federales, realizado la noche del 13 de agosto en Northwest, un centenar de personas protestaron con acusaciones de perfil racial y discursos xenófobos, cuando decenas de vehículos fueron revisados y dos personas fueron detenidas, una de ellas hispanohablante.
Organizaciones de derechos civiles han expresado alarma, advirtiendo que la militarización y el entrometimiento federal socavan la confianza de la comunidad y debilitan la política local de protección, ya que el miedo a ser deportado podría inhibir denuncias de crímenes, en un momento en que las autoridades del distrito denuncian la legalidad cuestionable de las intervenciones.
Entre los apoyos a la medida, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, celebró la directiva como un “parteaguas” y exhortó a ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago a seguir el ejemplo, enfocándose en la recuperación del control territorial y la deportación de quienes considere “criminales”.
Frente a la polarización, la alcaldesa Muriel Bowser, quien había impulsado la reputación santuario de la capital, ha evitado defender abiertamente esa postura y en cambio prometió defender la autonomía local ante acciones consideradas “desconcertantes e improcedentes”, señalando que las estadísticas recientes no justifican el despliegue federado.
La orden de Smith, su revocación por Bondi y la imposición del comisionado federal evidencian un conflicto creciente entre los gobiernos local y federal, sobre la autoridad para legislar y aplicar políticas de inmigración en la capital, mientras los residentes, las autoridades del distrito y los defensores de la comunidad migrante contemplan las implicaciones de una intervención federal que redefine el equilibrio de poderes en Washington, D.C.