Presentan cargos por tráfico de fentanilo y armas contra tres de los 26 narcos extraditados a EE.UU.
Nueva York, 14 de agosto de 2025. Kevin Gil Acosta, alias “El 200”; Martín Zazueta Pérez, conocido como “El Piyi”; y Leobardo García Corrales, apodado “Leo”, fueron llevados ante un juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York tras su extradición desde México. Las autoridades federales los acusaron formalmente por delitos relacionados con tráfico de fentanilo y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército de Estados Unidos.
Gil Acosta y Zazueta Pérez son señalados como líderes del aparato de seguridad de “Los Chapitos”, la facción delictiva conformada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Gil Acosta habría protegido laboratorios de producción y las rutas de distribución de fentanilo, además de haber atacado a fuerzas mexicanas con armamento de alto poder.
Mientras tanto, Zazueta Pérez habría participado directamente en secuestros, torturas y homicidios para asegurar las operaciones criminales, utilizando rifles AR-15 y un lanzagranadas durante un incidente violento en Culiacán.
García Corrales fue identificado como proveedor clave de fentanilo, encargado de su fabricación y envío a Estados Unidos. También se le imputa haber organizado el contrabando de la droga a cambio de armas militares, en complicidad con otras figuras del Cartel de Sinaloa.
Cada uno enfrenta tres cargos: conspiración para importar fentanilo (penas desde 10 años hasta cadena perpetua); posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos (30 años a cadena perpetua); y conspiración para poseer dichos instrumentos destructivos (máxima pena, cadena perpetua). El acuerdo de extradición estipula que no se les impondrá la pena de muerte.
Estas acusaciones se suman al contexto de la reciente entrega por parte de México de 26 presuntos narcotraficantes a las autoridades de Estados Unidos. El gobierno mexicano señaló que la medida busca garantizar seguridad, frenar el tráfico de fentanilo y cumplir con tratados internacionales, garantizando la no imposición de pena capital.
Este episodio refuerza el compromiso de las autoridades estadounidenses con la persecución de los principales líderes del narcotráfico y la desarticulación de sus redes transnacionales, especialmente aquellas centradas en la producción y exportación de fentanilo al mercado estadounidense.
El proceso judicial apenas comienza para estos tres acusados, cuyo caso se suma a otras investigaciones federales en curso contra líderes de cárteles como United Cartels y La Familia Michoacana. Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia del Departamento de Justicia para desmantelar las estructuras de narcotráfico que operan en ambos lados de la frontera.