Detienen en Honduras a seis miembros de red de corrupción encabezada desde prisión por exalcalde
Tegucigalpa, 13 de agosto de 2025. El Ministerio Público de Honduras anunció este martes la detención de seis personas señaladas como parte de una red de corrupción que operaba en la municipalidad de San Marcos, en el departamento de Santa Bárbara, bajo las órdenes de un exalcalde desde prisión. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) Regional Norte, con apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), ejecutó los allanamientos correspondientes a la investigación de un presunto desvío millonario de fondos públicos.
Entre los detenidos están Jesús Alberto Hernández, jefe de desarrollo municipal y aspirante a la alcaldía de San Marcos; Sandra Perdomo, regidora y esposa del exalcalde Pedro Aguilar; Dania Iveth Villalvir, tesorera municipal; Ada Lizeth Pineda, auditora; Lourdes Borjas Maldonado, jefa de personal; y Elisa Castellanos, contadora del ayuntamiento. Según las investigaciones, la red manipulaba documentos y cuentas municipales, autorizaba pagos irregulares, adquiría bienes de lujo y cobraba sobornos a cambio de adjudicaciones de obras sobrevaloradas.
El exalcalde Pedro Aguilar, miembro del partido minoritario Alianza Patriótica, operaba la red desde su celda en el Centro Penal de Támara, al norte de Tegucigalpa, utilizando llamadas telefónicas para dirigir las operaciones pese a estar legalmente inhabilitado para ejercer funciones públicas. Aguilar está actualmente bajo investigación por sus presuntos vínculos con narcotraficantes condenados en Estados Unidos.
Las pesquisas señalan que la red utilizó cuantiosas sumas del presupuesto municipal para favorecer a Hernández. Además, se sospecha que se adquirieron dos vehículos de lujo, una vivienda, armas de fuego y que se ejecutó una compra ficticia de mochilas, supuestamente destinadas a proyectos sociales, que nunca llegaron a su destinatario. Todos los involucrados enfrentan múltiples acusaciones, entre ellas abuso de funciones, asociación ilícita, lavado de activos y malversación de recursos públicos.