Trump contratará patrocinadores de su campaña en acciones antimigrantes
Ciudad de México, 30 de julio de 2025. Donald Trump ha decidido contratar a empresarios que donaron generosamente a su campaña electoral para encargarse de proyectos vinculados a su política antimigrante, informó Milenio en un artículo publicado este miércoles.
Según el reporte, al menos cinco compañías que aportaron alrededor de 3.5 millones de dólares durante la campaña de 2016 del expresidente han sido beneficiadas con contratos cuyo valor conjunto asciende a aproximadamente 11 mil millones de dólares para reforzar vigilancia y control migratorio.
Estas empresas incluyen a Palantir Technologies, que proporcionará sistemas de vigilancia y análisis territorial; CoreCivic y GEO Group, encargadas de construir y operar centros de detención; Anduril Industries, responsable de torres de vigilancia; y Fisher Sand & Gravel, que construirá tramos de muro fronterizo en Arizona.
La adjudicación de estos contratos forma parte del paquete legislativo conocido como “One Big Beautiful Bill Act” (OBBBA), aprobado el 3 de julio por el Congreso de Estados Unidos, que destina más de 45 mil millones de dólares a ICE y 46 mil 500 millones a infraestructura fronteriza, incluido el reforzamiento de muros y tecnología de vigilancia.
Estos consorcios, excolaboradores financieros de Trump, no solo consolidan una relación simbiótica entre política y negocio, sino que multiplican sus ganancias derivadas del endurecimiento de las medidas migratorias, en especial en la frontera con México.
El artículo resalta que se trata de un círculo cerrado: donantes de Trump obtienen contratos multimillonarios para impulsar su agenda antimigrante, lo cual ha provocado críticas por presunción de favoritismo y posible conflicto de interés en la administración federal.
La medida se inscribe en una estrategia más amplia de la administración Trump, que incluye campañas mediáticas para disuadir la inmigración irregular, redadas intensas y una expansión sin precedentes de la infraestructura de detención y deportación en territorio estadounidense.
El tema ha generado preocupación entre observadores que advierten que esta lógica de “castigo y lucro” con migrantes podría sentar un precedente peligroso al utilizar recursos públicos para beneficiar aliados políticos en el marco de políticas represivas hacia población vulnerable.