Importante valorar la detención de “El Mayo” al cumplirse un año: Claudia Sheinbaum
Ciudad de México, 25 de julio de 2025. Al cumplirse hoy un año de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en territorio estadounidense, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la necesidad de valorar “cómo fue la intervención en su momento de agencias o de instituciones del gobierno de Estados Unidos para provocar lo que ha ocurrido” como un elemento clave para entender las consecuencias de este acontecimiento. La mandataria subrayó que dicho análisis permitiría avanzar en la reducción del tráfico de drogas, armas y la búsqueda de una política de “cero impunidad”.
Este arresto, llevado a cabo el 25 de julio de 2024 en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, tras el aterrizaje de una avioneta con Zambada acompañado por Joaquín Guzmán López (hijo del Chapo), se realizó sin uso de la fuerza y estuvo a cargo del FBI y la DEA. La operación sorprendió a las autoridades mexicanas, que afirman no haber sido informadas oportunamente y hasta hoy demandan transparencia sobre los hechos.
La detención desató una fractura interna en el Cártel de Sinaloa, dando lugar a un enfrentamiento entre la facción de “Los Chapitos” y la familia Zambada, cuyas disputas han provocado más de mil homicidios y al menos mil 400 desapariciones en Sinaloa desde septiembre de 2024.Expertos alertan que la violencia escaló como parte de las consecuencias del arresto, anticipando un aumento sostenido de la inseguridad en la región.
La versión legal expuesta por Estados Unidos sostiene que Joaquín Guzmán López se entregó voluntariamente, mientras que Zambada habría sido llevado en contra de su voluntad. Esta versión choca frontalmente con la defensa de Zambada, que lo acusa de haber sido traicionado y secuestrado por Guzmán López, con vínculos a un operativo extraterritorial en México.
Desde México, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación y ha impulsado acusaciones por secuestro contra Joaquín Guzmán López, considerando sus acciones como traición a la patria y violación de derechos humanos en territorio nacional. Mientras tanto, el abogado de Zambada ha insistido en que su cliente fue sometido con violencia por al menos seis hombres, supuestamente uniformados, antes de ser entregado a autoridades estadounidenses.
En el plano diplomático, el caso ha amplificado tensiones entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Sheinbaum ha insistido en que Washington brinde un informe detallado de lo ocurrido, lo cual refleja un reclamo por soberanía y exigencia de transparencia bilateral. Por su parte, en EU expertos reclaman mayor claridad no solo sobre la detención, sino también en relación con la estrategia sobre adicciones y combate al narcotráfico interno.
Pasados doce meses, las dudas predominan sobre las verdaderas circunstancias del operativo y su autorización. La opacidad, el silencio de testigos y los contrastes en las narrativas oficiales hacen del caso un enigma persistente que afecta tanto al sistema de justicia como al entramado político y de seguridad del país.
Finalmente, el caso de Zambada en Estados Unidos ha avanzado poco en lo judicial: enfrenta 17 cargos por narcotráfico, lavado de dinero y armas, y permanece bajo proceso en la Corte Federal de Brooklyn, donde su defensa busca evitar una posible condena capital. Si bien en EE.UU. se ha presentado como un éxito táctico, en México se observa una fractura que continúa impactando en la gobernabilidad y la seguridad regional.