“Denuncia a tu ex y nosotros lo deportamos”: pidió fiscal de Florida
Miami, 23 de julio de 2025. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, ha instado públicamente a los ciudadanos a denunciar a sus exparejas que se encuentren en situación migratoria irregular en Estados Unidos, con el objetivo de facilitar su deportación. Esta estrategia se enmarca en la política migratoria del estado, que ha intensificado las acciones contra la inmigración ilegal en los últimos meses. Uthmeier compartió en redes sociales un caso específico en el que una denuncia sobre una expareja abusiva que había permanecido en el país tras la expiración de su visa resultó en un proceso de deportación en curso. Además, alentó a la ciudadanía a reportar situaciones similares, ofreciendo la colaboración de su oficina para facilitar dichos procedimientos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respaldó esta iniciativa, promoviendo el uso de la línea telefónica del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para recibir las denuncias. Esta medida ha generado controversia, ya que algunos críticos consideran que podría fomentar el uso de denuncias con fines personales o vengativos, sin una base sólida que justifique la deportación. Sin embargo, Uthmeier defendió la estrategia, argumentando que es una herramienta eficaz para identificar y procesar a individuos en situación migratoria irregular que representan un riesgo para la seguridad pública.
Esta política se suma a otras acciones implementadas en Florida para reforzar el control migratorio, como la construcción del centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades. Este centro ha sido objeto de críticas debido a las condiciones en las que se encuentran los migrantes detenidos, incluyendo hacinamiento, falta de atención médica adecuada y exposición a riesgos ambientales. A pesar de las críticas, las autoridades estatales defienden la existencia de este centro como una medida disuasoria para prevenir la inmigración ilegal.
El enfoque de Florida en la aplicación estricta de las leyes migratorias ha sido respaldado por el gobernador Ron DeSantis y se alinea con las políticas del presidente Donald Trump, quien ha promovido una postura firme contra la inmigración ilegal. No obstante, esta postura ha generado divisiones tanto a nivel estatal como nacional, con defensores que argumentan que es necesario para proteger la seguridad y los recursos del país, mientras que opositores señalan que puede llevar a abusos y violaciones de derechos humanos.
Organizaciones defensoras de los derechos civiles han expresado su preocupación por el impacto de estas políticas en las comunidades migrantes, especialmente en aquellas que ya enfrentan vulnerabilidades. Señalan que medidas como la promoción de denuncias entre exparejas pueden aumentar el miedo y la desconfianza entre los inmigrantes, dificultando su acceso a servicios esenciales y su integración en la sociedad.
Además, se ha señalado que la implementación de políticas migratorias estrictas puede tener efectos negativos en la economía local, especialmente en sectores que dependen de mano de obra inmigrante. La incertidumbre generada por estas políticas puede disuadir a los inmigrantes de participar plenamente en la economía, afectando la productividad y el crecimiento económico de la región.
En respuesta a las críticas, las autoridades estatales han reiterado su compromiso con la seguridad pública y la aplicación de la ley, asegurando que las medidas adoptadas están diseñadas para proteger a los residentes legales y mantener el orden. Sin embargo, el debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos continúa siendo un tema central en la discusión sobre la política migratoria en Florida y en todo Estados Unidos.
La situación en Florida refleja una tendencia más amplia en el país, donde varios estados han adoptado enfoques más estrictos hacia la inmigración ilegal, mientras que otros defienden políticas más inclusivas y protectoras de los derechos de los inmigrantes. Este contraste pone de relieve las divisiones políticas y sociales que caracterizan el debate migratorio en Estados Unidos en la actualidad.