Petro y Arévalo condenan orden de captura de exdelegado de Cicig y Fiscal de Colombia
Redacción | V+ Noticias
Guatemala. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y su homólogo Colombia, Gustavo Petro, manifestaron su rechazo categórico a la reciente orden de captura emitida por la Fiscalía guatemalteca contra Iván Velásquez Gómez, excomisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y Luz Adriana Camargo, actual fiscal general de Colombia.
Esta medida fue anunciada el lunes por el Ministerio Público de Guatemala, encabezado por Consuelo Porras, a través del fiscal Rafael Curruchiche, quien confirmó que la Sala Tercera de Apelaciones, a solicitud de la Fiscalía, ordenó la detención de ambos exfuncionarios por los presuntos delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión.
Desde la presidencia guatemalteca se emitió un comunicado oficial en el que Arévalo calificó estas decisiones como acciones que “carecen de sustento legal”, advirtiendo además que “se realizan con un evidente objetivo político, sin respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional”.
Horas más tarde, el presidente Petro replicó el pronunciamiento del mandatario guatemalteco en sus redes sociales, aseverando que la Fiscalía de Guatemala “está obedeciendo al crimen y no a las ciudadanías”.
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Arévalo recordó que esta actuación de la Fiscalía contraviene el acuerdo que Guatemala firmó con la Organización de las Naciones Unidas, el cual facultaba al equipo dirigido por Velásquez a investigar casos de corrupción sin interferencias y con las garantías de inmunidad necesarias para cumplir con su mandato.
Entre los trabajos destacados por la Cicig se encuentran las investigaciones sobre los sobornos pagados por la multinacional Odebrecht a funcionarios y políticos en América Latina.
La actual fiscal general Consuelo Porras, responsable de la orden de aprehensión, fue designada originalmente por el expresidente Jimmy Morales, quien también decidió en 2018 expulsar del país a Iván Velásquez tras revelaciones judiciales que comprometían a su círculo íntimo. Un año después, Morales ordenó la disolución definitiva de la Cicig en 2019.
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En declaraciones recientes concedidas a la directora del diario El País, Arévalo advirtió: “El ministerio público es uno de los principales focos del asedio a la democracia (…) Nombraré al próximo fiscal general, de eso no me cabe duda”.
Por su parte, Gustavo Petro fue más allá en su denuncia, señalando que “las multinacionales del narcotráfico intentan tomar los poderes judiciales y los gobiernos para hacer y lavar en la impunidad sus negocios ocultos”.
El presidente colombiano calificó las agresiones institucionales contra figuras anticorrupción como crímenes internacionales. “Los crímenes cometidos por las mafias contra el pueblo latinoamericano son crímenes de lesa humanidad, son crímenes internacionales y deben ser juzgados por la justicia penal internacional a la que se debe ayudar a financiar y fortalecer”.
Petro también formuló una convocatoria pública. “Invito a equipos de abogados independientes a redactar la primera causa penal contra las multinacionales de la mafia para que sean juzgadas y condenadas en tribunal internacional”.
Con información de El País
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