Caso García Luna revela “fraude millonario” en sexenios de Calderón y Peña Nieto: UIF
Redacción | V+ Noticias
Ciudad de México. Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que la sentencia dictada en Estados Unidos contra Genaro García Luna, quien fungió como secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, demuestra la existencia de un “esquema de defraudación millonaria” durante dos sexenios sucesivos, el del panista y de Enrique Peña Nieto, que prolongó “el Estado corrupto” que data de la década de los 50.
El funcionario subrayó que es imprescindible “conocer la historia de una trama corrupta, como muchas otras que hubo en nuestro país y que quedaron ocultas”. Según las investigaciones, parte de los recursos desviados se utilizaron en campañas políticas, y al menos 15 empresas están siendo indagadas por su implicación en primer o segundo nivel dentro del esquema de blanqueo de capitales.
Gómez exhortó a no dejar pasar esta coyuntura, al señalar que “no debemos desaprovechar esta enorme oportunidad para poder escarbar en la forma de operar de los delincuentes de cuello blanco en una operación transnacional en que gobernaron dos partidos políticos que finalmente se aliaron política y electoralmente”. Aseguró que esto permitirá confirmar que se vivió un Gobierno corrupto.
Durante su intervención en la conferencia presidencial matutina, el jefe de la UIF denunció que, mientras la jueza Lisa Walsh en Florida dictó que el matrimonio García Luna-Pereyra deberá reintegrar al Gobierno mexicano dos mil 488 millones 855 mil 216 dólares, un tribunal nacional resolvió “otorgarle a Linda Cristina Pereyra el amparo y la protección de la justicia para que pueda utilizar el sistema financiero mexicano libremente”. Sobre esta resolución judicial, Gómez declaró: “lo vamos a resolver pronto”.
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El funcionario anticipó que con los procesos judiciales en curso se podrán exponer los métodos con los que los inculpados “se robaban el dinero público sin el menor temor de que alguna autoridad los fuera a reprimir o a hacer justicia”.
En ese mismo sentido, Pablo Gómez aseveró que “nunca podemos hablar de transición entre un partido y otro, cuando en realidad las cosas no cambiaban. La transición no ocurrió, sino la continuación del mismo Estado corrupto que viene de los años 50, y que se creó como parte del sistema político mexicano.
“Esa es la verdad. El cambio vino en 2018”. Según explicó, sólo con la llegada del nuevo Gobierno fue posible “escarbar” y revelar esta operación, ya que antes “todo era hecho a la perfección”.
Advirtió que el caso “no terminará aquí”, y anticipó que próximamente habrá una nueva resolución judicial emitida por la misma jueza estadounidense, Lisa Walsh, ahora contra las empresas que facilitaron el traslado de capitales hacia un banco en Barbados, jurisdicción en la que, de acuerdo con Gómez, operan “bancos lavadores de dinero”. Afirmó que en este esquema también se involucraron instituciones bancarias mexicanas.
Respecto a las compañías implicadas, no descartó que se llegue a algún acuerdo legal con aquellas que fueron creadas exclusivamente para esta operación —y que actualmente han desaparecido—, o bien que se convoque a un jurado para que emita un fallo y la jueza dicte sentencia.
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La UIF posee evidencia contra 15 empresas vinculadas, directa o indirectamente, al esquema de blanqueo, con operaciones que, en conjunto, ascienden a cien millones de dólares.
Paralelamente, Gómez informó que en territorio mexicano se siguen procesos penales contra los implicados. Detalló que parte del dinero malversado fue destinado a campañas electorales, lo cual, aseguró, será demostrado.
Expuso también que ya hay personas en prisión y numerosas órdenes de aprehensión vigentes, y destacó que el Fiscal general de la república ha puesto todo su empeño en el caso.
Durante la exposición, tanto Pablo Gómez como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacaron el papel desempeñado por Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de Gobernación, quien como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, contribuyó significativamente al inicio del proceso judicial contra el exfuncionario federal.
“Honor a quien honor merece, porque ésta es una denuncia que se puso en el periodo del presidente López Obrador, y que desarrolló Rosa Icela Rodríguez”, expresó.
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Subrayó que la sentencia dictada por la jueza Lisa Walsh se dirigió “a dos personas que tuvieron una enorme relevancia en una trama corrupta durante los sexenios de Calderón y de Enrique Peña Nieto”.
Los involucrados, García Luna y Pereyra, fueron condenados a pagar dos mil 488 millones 855 mil 216 dólares al Estado mexicano, una cantidad que representa tres veces más de lo demandado inicialmente, en procesos judiciales independientes.
El litigio fue presentado en 2021 ante un tribunal de Florida, en contra del matrimonio, seis cómplices y 44 empresas distribuidas en distintas naciones, por 30 contratos de tecnología y seguridad celebrados entre 2009 y 2018 con dependencias mexicanas: la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.
De acuerdo con los registros, García Luna, valiéndose del entramado empresarial del Grupo Weinberg, dirigido por Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, logró contratos por 727 millones 923 mil 523 dólares y 528 millones 26 mil 666 pesos, de los cuales recibió pagos efectivos por 625 millones 188 mil 666 dólares y 93 millones 866 mil 666 pesos.
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Pablo Gómez precisó que al Gobierno federal se le han reintegrado hasta ahora unos dos millones y medio en bienes, de los cuales uno está pendiente de ser liquidado, aunque “ya está entregado”.
La demanda contra García Luna se fijó en alrededor de 250 millones de dólares, con base en la información obtenida por Rosa Icela Rodríguez, quien “luego mejoró y abrió completamente todo; ayudó y dio un aporte invaluable para el esclarecimiento de las operaciones que se hicieron dentro de la trama corrupta de García Luna”.
Respecto a Linda Cristina Pereyra, fue demandada por 580 millones de dólares, “que son los que en ese momento conocíamos que en su totalidad habían sido pagado”. No obstante, la sentencia emitida estipula el pago de tres veces los 250 millones de dólares exigidos a García Luna y los mil 740 millones de dólares impuestos a la esposa del exfuncionario del Estado mexicano.
💰 Pablo Gómez, titular de la UIF confirma que los fondos desviados al extranjero durante dos sexenios fueron parte de un esquema de corrupción. Se anticipa una nueva sentencia judicial en EE.UU. sobre el caso #GarcíaLuna. pic.twitter.com/d9xrE2ufPM
— Mexiquense (@MexiquenseTV) May 23, 2025
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