Santos denuncia presión judicial por presunta orden de captura contra Alejandro Irarragorri
Redacción | V+ Noticias
Torreón, Coahuila. El Club Santos Laguna, mediante un posicionamiento oficial, ha salido al paso de las versiones difundidas en medios de comunicación que aseguran la existencia de una presunta orden de aprehensión en contra de su presidente y propietario, Alejandro Irarragorri Gutiérrez.
De acuerdo con la entidad deportiva, tales señalamientos constituyen un acto de presión en el marco de un procedimiento judicial en curso.
En su defensa, el club manifestó que su propietario ha cumplido cabalmente con los requerimientos legales correspondientes. De manera enfática, argumentó que “son principios rectores de la justicia mexicana –y de la universal– el debido proceso y la presunción de inocencia”.
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Según el documento divulgado, la presunta orden habría sido emitida debido a una supuesta inasistencia del empresario a una audiencia judicial programada por el juez de distrito Luis Alfredo Mendoza García, con sede en Torreón, Coahuila, relacionada directamente con un litigio que involucra al Club Santos Laguna; no obstante, el club desmintió categóricamente dicha ausencia, argumentando que el acto judicial sí fue atendido conforme al debido proceso.
El posicionamiento explica que “la presunta orden de aprehensión se habría dictado por una supuesta inasistencia a una audiencia convocada por un juez en Torreón, relacionado con un caso judicial contra Santos”, y agrega que “la audiencia se realizó de manera virtual y se acudió en tiempo y forma, aunque, el juez, sorpresivamente, decidió cancelarla y aplazarla, sin cumplir con los tiempos marcados por la ley”.
El club sostiene que no existió apercibimiento formal hacia Alejandro Irarragorri, hecho que consideran fundamental para invalidar cualquier posible justificación legal sobre la emisión de medidas cautelares. En este sentido, argumentan que “no fue apercibido formalmente, por lo que la supuesta inasistencia no es motivo para que le dictaran medidas cautelares”.
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Santos Laguna también puntualiza que la controversia que ha dado origen al diferendo judicial se circunscribe a una diferencia en la interpretación de disposiciones fiscales, motivo que, subraya, debe resolverse mediante mecanismos administrativos y no penales.
Así lo expresó al declarar que “Santos ha actuado en pleno apego a la ley, y rechaza tajantemente que una discrepancia en la interpretación de la norma fiscal –que puede y debe dirimirse por vías administrativas– se traslade al ámbito penal”.
El club concluye su posicionamiento con una afirmación firme respecto a la defensa jurídica que ejercerán para garantizar el respeto a los derechos de su propietario: “Haremos valer sus derechos y rechaza cualquier intento de presión, aunque esté disfrazado de un acto judicial”.
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