En Valle de Bravo, aseguran 10 presas clandestinas por retención ilegal de agua
Redacción | V+ Noticias
Toluca, Edomex. Un operativo conjunto encabezado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad del Estado de México culminó con el aseguramiento de casi 500 hectáreas en Valle de Bravo, donde fueron desmanteladas 10 presas ilegales construidas dentro de un área natural protegida.
Las acciones se ejecutaron tras una orden de cateo autorizada por un juez federal, cumplimentada el pasado 11 de abril, como parte de una denuncia relacionada con presunto cambio ilegal de uso de suelo.
En el lugar se descubrió que se captaba agua “sin los permisos necesarios en un número indeterminado de presas o lagos artificiales” y se documentaron “múltiples daños ambientales” en las cuencas de los ríos Valle de Bravo, Maltepec, Tolostoc y Memastepec.
Este hallazgo se inscribe en una problemática que ha sido documentada con anterioridad. La revista Proceso advirtió sobre el crecimiento de lagos privados construidos para desviar caudales de ríos y manantiales hacia propiedades de personas acaudaladas, entre ellos empresarios y políticos, mientras que los niveles de la presa Miguel Alemán disminuían a niveles alarmantes.
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En ese entonces, se estimaba que existían 200 presas privadas. Actualmente, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) calcula que podrían ascender a alrededor de 400.
Este desvío de fuentes hídricas, sumado a la tala clandestina e inmoderada, el auge inmobiliario, los incendios forestales, los efectos del cambio climático y las fugas de agua, ha contribuido a la merma significativa del volumen de la presa de Valle de Bravo, la cual forma parte del Sistema Cutzamala, responsable del abasto a la Ciudad de México. En el último año, el embalse alcanzó sus niveles más bajos registrados.
Durante la ejecución del cateo participaron 150 personas, entre ellas inspectores y abogados de Profepa, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, policías estatales y miembros de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR.
También se aseguraron 27 vehículos, posiblemente vinculados a delitos ambientales, y todos los bienes quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal. Si bien no se reportaron personas detenidas por daños a la biodiversidad, ya se ha abierto una investigación.
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