Diputada propone incluir violencia simbólica contra mujeres en ley federal
Redacción | V+ Noticias
Ciudad de México. La diputada Anais Miriam Burgos Hernández (Morena) presentó una iniciativa para incorporar la violencia simbólica como delito en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La reforma, turnada a la Comisión de Igualdad de Género, define este tipo de violencia como actos u omisiones que, mediante “estereotipos, mensajes o imágenes”, reproduzcan “dominación, cosificación o desigualdad” en ámbitos públicos y privados, naturalizando la subordinación femenina.
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Más allá de agresiones físicas
El texto señala que esta violencia no se limita a agresiones físicas o feminicidios, sino que incluye prácticas normalizadas socialmente, como la cosificación en medios o el uso de lenguaje que perpetúa roles de género.
“Busca establecer mecanismos para prevenir y sancionar discursos que promuevan discriminación”, subraya Burgos. La iniciativa enfatiza que legislar al respecto “no limita” la libertad de expresión, sino que garantiza su ejercicio “libre y respetuoso”, alineándose con recomendaciones de la ONU.
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Controversia con sectores religiosos
Grupos religiosos y plataformas como www.activate.org.mx han rechazado la propuesta, argumentando riesgos de censura a expresiones religiosas.
Citando pasajes bíblicos como la creación de Adán y Eva (Génesis 2:21-22) —donde Eva es derivada de la costilla de Adán—, alegan que la reforma podría interpretar textos sagrados como “violencia simbólica”.
Similar preocupación existe en comunidades musulmanas, donde versículos coránicos como Sura 4:34 (“Los hombres están al cargo de las mujeres…”) podrían enfrentar escrutinio.
Hasta ahora, la campaña en contra ha reunido más de cuatro mil 800 firmas, alegando que la iniciativa “criminaliza creencias”. Burgos responde: “No se busca prohibir dogmas, sino erradicar mensajes que naturalizan la desigualdad”.
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Impacto legal y social
De aprobarse, México sería pionero en tipificar la violencia simbólica a nivel federal, obligando a medios, instituciones y redes sociales a eliminar contenidos que “objectivicen” a las mujeres.
La diputada insiste en que esto fomentaría una sociedad “más justa y equitativa”, aunque sectores religiosos y medios de comunicación advierten desafíos en su aplicación, especialmente en balancear derechos fundamentales.
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