28 expresidentes de derecha, incluidos Fox y Calderón, firman carta en apoyo a Álvaro Uribe
Bogotá, 2 de agosto de 2025. Un grupo de veintiocho expresidentes de América Latina, España y Puerto Rico envió una carta dirigida a Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando su intervención ante lo que describen como “graves afectaciones a los derechos humanos” del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. La misiva fue coordinada por Iván Duque, expresidente de Colombia.
Los firmantes —entre ellos Vicente Fox y Felipe Calderón de México; José María Aznar y Mariano Rajoy de España; Mauricio Macri de Argentina; Lenin Moreno, Rafael Calderón y Óscar Arias de Ecuador y Costa Rica, entre otros— advierten sobre múltiples “anomalías” en el proceso legal que enfrente Uribe, incluyendo interceptaciones ilegales de sus comunicaciones privadas.
En el texto se reconoce que Uribe se sometió a la justicia, compareció personalmente y colaboró en cada etapa del procedimiento, pero critican que el fallo de primera instancia se construyó sobre una cadena de irregularidades y filtraciones mediáticas que afectaron el debido proceso. Subrayan que el juicio refleja un patrón estructural de violaciones que merece atención internacional.
La misiva especifica deficiencias como interceptaciones no autorizadas sin orden judicial, filtraciones selectivas a medios que influyeron en la opinión pública y un testigo principal cuya credibilidad está cuestionada tras ser condenado por secuestro. También mencionan cambios intempestivos en la postura de la Fiscalía tras un cambio de administración.
Se solicita formalmente que la ONU, la OEA y la CIDH activen mecanismos de monitoreo y protección, emitan recomendaciones inmediatas, garanticen el derecho a la defensa y soliciten información detallada sobre los estándares procesales aplicados. El grupo puntualiza que no busca presionar, sino alertar sobre precedentes institucionales graves.
La carta se hizo pública justo cuando la jueza 44 Penal de Bogotá se disponía a dar a conocer la pena a Uribe, incluido si deberá cumplirla en prisión o en detención domiciliaria. En la fase inaugural fue declarado responsable de fraude procesal y soborno en actuación penal, aunque absuelto por soborno a testigos.
La publicación generó polarización: seguidores de Uribe celebraron el respaldo internacional, mientras sectores críticos consideraron la carta como una interferencia indebida en la autonomía judicial colombiana. También se cuestionó que expresidentes con antecedentes judiciales defiendan el debido proceso.