Greenpeace deberá pagar más de 660 MDD a Energy Transfer
– Greenpeace condenada a pagar más de 660 millones de dólares a Energy Transfer por protestas contra oleoducto Dakota Access.
Redacción | V+ Noticias
Nueva York.- Un jurado en Dakota del Norte determinó este miércoles que Greenpeace debe pagar más de 660 millones de dólares en daños y perjuicios a la empresa Energy Transfer (ET) por su papel en las protestas contra la construcción del oleoducto Dakota Access. La decisión judicial responsabiliza a la organización ambientalista de difamación, allanamiento, molestias, conspiración civil y otros cargos relacionados con las manifestaciones que tuvieron lugar entre 2016 y 2017.
Energy Transfer, con sede en Dallas, y su filial Dakota Access, acusaron a Greenpeace International, Greenpeace USA y Greenpeace Fund Inc. de instigar y financiar las protestas que retrasaron la construcción del oleoducto y aumentaron los costos del proyecto. El jurado declaró a Greenpeace USA responsable de todos los cargos, mientras que las otras dos entidades fueron halladas culpables de algunos. La indemnización total asciende a casi 666,9 millones de dólares, de los cuales Greenpeace USA deberá pagar aproximadamente 404 millones, y las otras dos organizaciones, alrededor de 131 millones cada una.
🚨BREAKING🚨
— Greenpeace International (@Greenpeace) March 19, 2025
The trial verdict is in. A jury in the Morton County courthouse found Greenpeace International and two Greenpeace entities in the United States liable for over US$ 660 million combined in Energy Transfer’s meritless SLAPP lawsuit.#WeWillNotBeSilenced pic.twitter.com/Rk1m8MECpT
Greenpeace, que ha negado las acusaciones, calificó el veredicto como una amenaza para su existencia y anunció que apelará la decisión. «La lucha contra las grandes petroleras no ha terminado hoy«, declaró Kristin Casper, consejera general de Greenpeace Internacional. «Sabemos que la ley y la verdad están de nuestro lado«. La organización también planea enfrentar a Energy Transfer en un tribunal de Ámsterdam en julio, en relación con una demanda antiintimidación presentada recientemente.
Las protestas, lideradas por la tribu sioux de Standing Rock, se oponían a la construcción del oleoducto por considerar que representaba un riesgo para su suministro de agua y atravesaba tierras sagradas. Durante meses, miles de personas acamparon en la zona, generando tensiones y retrasos en el proyecto. Energy Transfer argumentó que Greenpeace explotó el conflicto para promover su agenda, financiando y capacitando a manifestantes, y difundiendo información falsa sobre el oleoducto.
You can’t sue a rainbow 🌈
— Greenpeace International (@Greenpeace) March 20, 2025
No matter what happens in any courtroom – our global intersectional climate movement will only keep growing stronger and louder 💚🌎#WeWillNotBeSilenced
The fossil fuel industry is desperate to silence and divide us — but we will always defend the… pic.twitter.com/l3GmFmkHZr
Trey Cox, abogado de Energy Transfer, celebró el veredicto como una victoria para los habitantes de Dakota del Norte y para «los estadounidenses que entienden la diferencia entre el derecho a la libertad de expresión y violar la ley«. La empresa insistió en que la demanda no buscaba limitar la protesta pacífica, sino responsabilizar a Greenpeace por acciones ilegales y dañinas.
Por su parte, Greenpeace denunció el caso como un ejemplo de Demanda Estratégica contra la Participación Pública (SLAPP), un tipo de litigio utilizado para silenciar a activistas y opositores. Deepa Padmanabha, asesora legal principal de Greenpeace, aseguró que la organización no se detendrá: «Simplemente saldremos y nos reuniremos para determinar cuáles serán nuestros próximos pasos«.
El oleoducto Dakota Access, que transporta aproximadamente el 5% de la producción diaria de petróleo de Estados Unidos, comenzó a operar en 2017. Sin embargo, el conflicto legal y social en torno a su construcción sigue siendo un tema controvertido, con implicaciones para el activismo ambiental y los derechos de las comunidades indígenas.
Mientras Greenpeace prepara su apelación, el caso ha reavivado el debate sobre los límites de la protesta pacífica y el poder de las corporaciones para enfrentarse a sus críticos.
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