Vinculan a 4 exfuncionarios de Silvano Aureoles por daño patrimonial por tres mil 400 mdp
Redacción | V+ Noticias
Ciudad de México. Una jueza de control vinculó a proceso penal a cuatro exfuncionarios del Gobierno de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, por los delitos de peculado, asociación delictuosa, operaciones con recursos ilícitos y administración fraudulenta.
Los imputados, responsables de un daño patrimonial superior a tres mil 400 millones de pesos, permanecerán en prisión preventiva mientras avanza la investigación.
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Proceso judicial
Carlos Maldonado Mendoza (exsecretario de Finanzas), Mario Delgado Murillo y Elizabeth Villegas Pineda (exdelegados de la SSP), junto con Antonio Bernal Bustamante (extitular de la SSP), fueron acusados de liderar un esquema de arrendamiento y compra irregular de siete inmuebles para cuarteles policiales en los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
La transacción, adjudicada directamente a Inmobiliaria Dip —creada en 2015—, implicó sobreprecios millonarios avalados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
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Operación irregular
Según el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, los montos pagados excedieron hasta en 163.4 millones el valor real de las propiedades, como fue el caso en Lázaro Cárdenas.
Por ejemplo, el de Coalcomán registró 116 millones adicionales. Estos desvíos, según la acusación, evidencian una mala administración de recursos públicos durante la gestión de Aureoles, quien actualmente permanece prófugo junto a dos exsecretarios de Seguridad y Guillermo Loaiza Gómez, extitular de Adquisiciones del gobierno michoacano, quien habría viajado a Argentina.
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Medidas cautelares
La jueza Patricia Sánchez Nava otorgó tres meses para la investigación complementaria; no obstante, este viernes se habría realizado una audiencia para revisar la solicitud de libertad provisional presentada por los abogados de Bernal Bustamante, Delgado Murillo y Villegas Pineda.
La defensa argumentará contra la prisión preventiva justificada, vigente por el riesgo de fuga y la gravedad de los cargos.
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