García Luna apela su condena de 38 años por delitos de narcotráfico y crimen organizado
Redacción | V+ Noticias
Ciudad de México. Genaro García Luna ha interpuesto una apelación contra la sentencia de 38 años de prisión que le fue impuesta en Nueva York por cargos de narcotráfico, colaboración con el crimen organizado y falso testimonio ante las autoridades de Estados Unidos.
El recurso fue presentado por su abogado defensor, César de Castro, en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, con la intención de revertir el fallo dictado el pasado 16 de octubre por el juez Brian M. Cogan.
El veredicto contra García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), incluye una condena de 466 meses de prisión y una multa económica de dos millones de dólares.
El juez Cogan, al emitir la sentencia, comparó al exfuncionario con Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, el Chapo, cofundador del Cártel de Sinaloa, y argumentó que García Luna “mantuvo una doble vida, actuando como criminal al mismo tiempo que fungía como servidor público”.
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El exfuncionario fue declarado culpable el 21 de febrero de 2023 de cinco cargos que abarcan conspiración para la distribución internacional de cocaína, delincuencia organizada y falsedad en declaraciones ante autoridades migratorias estadounidenses.
Según la Fiscalía de Estados Unidos, García Luna facilitó, a cambio de millonarios sobornos, una red delictiva de distribución de drogas que habría provocado la muerte de miles de ciudadanos tanto mexicanos como estadounidenses.
“Es difícil exagerar la magnitud de los crímenes del acusado, las muertes y adicciones que facilitaron, y su traición a los pueblos de México y los Estados Unidos”, sostuvo la representación fiscal.
El Departamento de Justicia de EU recordó que García Luna fue hallado culpable de integrar una empresa criminal continua que implicó múltiples violaciones a la ley en materia de drogas, entre ellas conspiración para la distribución e importación de cocaína y posesión con intención de distribución, además de presentar declaraciones falsas ante instancias oficiales.
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