Amplían catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva

Redacción | V+ Noticias

Ciudad de México. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó hoy la ampliación del catálogo de delitos para prisión preventiva oficiosa para incluir la extorsión; el narcomenudeo; la producción, distribución y tráfico de drogas sintéticas (como el fentanilo); la defraudación fiscal, y la emisión ilícita de comprobantes fiscales.

Además, con el voto de Morena y sus aliados, se endureció aún más la medida, con una reserva para impedir que los jueces e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación puedan liberar personas mediante una interpretación legal o constitucional.

En el texto de la iniciativa de reforma constitucional –una de las 18 presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero— se argumenta que “es urgente que el Estado Mexicano cuente con un marco normativo penal y procesal que resulte suficiente para combatir eficazmente las principales conductas delictivas que aquejan la salud y el patrimonio de las y los mexicanos, así como la hacienda pública federal”.

De igual forma alerta que “actualmente el texto constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa no prevé las conductas delictivas que han tenido mayor incidencia en los diez años recientes, lo que ha mermado la debida administración e impartición de justicia penal federal”.

Durante los posicionamientos de los partidos, el coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, advirtió que diversos organismos internacionales han advertido que la prisión preventiva oficiosa “lesiona” las garantías individuales. Resaltó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso, la declaró contraria a los principios fundamentales del derecho penal, por lo que en enero de 2023 le pidió al Estado mexicano eliminar dicha figura.

Paulina Rubio (PAN) alertó por su parte que la ampliación del catálogo de delitos que ameritan dicha medida cautelar perjudicaría sobre todo a las personas más pobres, pues son ellas quienes tienen menos recursos para pagar una defensa legal adecuada. De igual manera, señaló que la propuesta genera “efectos perversos” para que las fiscalías utilicen esta “salida fácil”.

En el mismo sentido, Braulio López, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, puntualizó que la prisión preventiva oficiosa ha sido considerada por diversos especialistas y organismos como una medida violatoria de la presunción de inocencia, además constituye una “salida falsa en materia de seguridad” y contraria al sistema penal acusatorio.

Además, recordó que en años recientes se han añadido al catálogo más de 20 tipos penales distintos –entre ellos el feminicidio, el abuso sexual, la desaparición forzada y los delitos electorales–, sin que por ello se haya reducido la comisión de esos delitos. “No nos vayamos con un populismo punitivo que ha hecho mucho daño”, dijo.

En sentido contrario, Leonel Godoy (Morena) consideró que en la discusión se dejaban de lado los derechos de las víctimas, para hablar sólo de los del presunto delincuente, e insistió: “la prisión preventiva oficiosa debe mantenerse, porque si dejamos en libertad a los que hoy están detenidos, pueden ser doblemente peligrosos. La coyuntura amerita la ampliación del catálogo y, en su momento, en unos años, revisaremos” si la reforma fue eficiente o no.

Luego de que se aprobara la reforma en lo general, por 26 votos en favor por 14 en contra, se presentaron cinco reservas al dictamen, de las cuales sólo fue aceptada la propuesta por Morena.
Se trata de agregar la obligación a los jueces de aplicar la prisión preventiva oficiosa de forma literal, “quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar (sic), suspender o modificar sus términos”.

Al apoyar la reserva, el también morenista Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, reconoció que el objetivo es evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda “brincarse” resoluciones del Congreso.

En caso de que una sentencia o recomendación de un organismo internacional “riña con un precepto de la Constitución o de alguna ley, que la Corte no lo tome como si fuera cámara legislativa, no se dedique a resolver si se aplica o no la Constitución, sino que lo remita al Congreso”, dijo.

Tras aceptarse la modificación propuesta por Morena, el dictamen fue avalado por 20 votos en favor y 14 en contra.Aprueban ampliación del catálogo de delitos para prisión preventiva oficiosa.