Excolaboradores de Murillo Karam libran delitos de fraude
Redacción | V+ Noticias
Ciudad de México. Un tribunal federal validó cancelar tres de los cuatro delitos imputados a Judith Aracely Gómez Molano y al capitán Humberto Antimo Rivera, exoficial mayor de la PGR y exdirector de Seguridad Institucional de la PGR, respectivamente, excolaboradores de Murillo Karam, en un proceso por supuestos contratos ilegales de casi 100 millones de pesos.
Este es un asunto en el que la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a los exfuncionarios de haber contratado de manera supuestamente indebida a siete empresas por un total de 99 millones 999 mil 927 pesos, con recursos de la Partida de Seguridad Pública y Nacional 33701.
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México ratificó no vincular a proceso a los excolaboradores de Jesús Murillo Karam por fraude equiparado, peculado y asociación delictuosa, al concluir que los delitos estaban prescritos o carecían de elementos.
Pero los magistrados del tribunal resolvieron que sí había elementos para mantener vigente el proceso por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades en dos de sus modalidades.
Con su fallo, ratificaron en los mismos términos el dictado el 1 de marzo de 2023 por Beatriz Moguel Ancheyta, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, quien no encontró datos de prueba para sustentar tres de los cuatro delitos.
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«Esas acciones, sin un referente probatorio, devienen inoperantes; en consecuencia, son insuficientes para desestimar lo resuelto por la jueza de control, particularmente que los imputados estaban asociados –como forma de estructura funcional– para delinquir», dice la sentencia del colegiado.
«Sin perjuicio de que, efectivamente, se pudiera constatar que los implicados realizaron las conductas atribuidas, la parte recurrente (FGR) no refiere cuáles son esos datos de prueba a partir de los cuales es demostrable la conducta imputada».
Según registros judiciales, al menos Antimo ya presentó una demanda de amparo contra este fallo, que le deja vigente el proceso por un solo delito.
La Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos de la FGR también presentó un amparo contra la misma resolución, un recurso al que sí pueden recurrir las entidades públicas cuando existe una afectación a su patrimonio, como en este caso lo estima la Fiscalía.
Si bien la imputación fue por contratos que suman 99 millones 999 mil 927 pesos, tanto la juez como ahora el tribunal establecieron que los recursos presuntamente distraídos fueron 69 millones 759 mil 436 pesos y que los restantes 30 millones 240 mil 491 pesos fueron gastos que sí estaban justificados legalmente.
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El dinero era de la Partida de Seguridad Pública y Nacional 33701, regulada por un manual que establece que sus recursos sólo pueden ser autorizados en gastos que cumplan con los requisitos de urgencia, riesgo y confidencialidad.
Los contratos cuestionados se asignaron a las empresas Asesoría Empresarial en Comunicaciones, Nuga Sys, Concretech, Esiglo Ti y Grupo de Tecnología Cibernética, Constructora L.A.A. y Distribuidora Comercial Zogbi.
Se les pagó por tecnología para la seguridad de las comunicaciones de la PGR, actualizaciones de licencias de software y antivirus, herramientas de cifrado de información, borradores digitales e infraestructura de cómputo.
También por la elaboración del proyecto arquitectónico del Instituto de Capacitación y Profesionalización de la FGR, en el rancho La Muralla, en Querétaro; y los reactivos para elaborar perfiles de ADN, empleados para identificar personas desaparecidas.
Las autoridades judiciales consideraron que los únicos gastos que cumplían con los requisitos de urgencia, riesgo y confidencialidad fueron los 26 millones 779 mil 491 pesos pagados a Nuga Sys y los tres millones 461 mil pesos a Zogbi.
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