Urge ONU a eliminar la prisión preventiva
Gelmin Omar González Hernández | Agencia Reforma
Ciudad de México. Expertos de Naciones Unidas urgieron a eliminar la prisión preventiva oficiosa de la Constitución mexicana y alertaron sobre el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones.
Al presentar las observaciones preliminares de su visita oficial al país, la segunda en 20 años, y que concluyó ayer, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria advirtió además sobre las interpretaciones discrecionales del concepto de flagrancia y sobre el abuso de la privación de la libertad contra usuarios de drogas.
Durante su estancia de 12 días –que incluyó la Ciudad de México, Nuevo León, Morelos y Chiapas–, tres de los cinco integrantes del Grupo se entrevistaron con autoridades, jueces, comisiones de derechos humanos y organizaciones civiles, y visitaron 15 centros de detención, en los que hablaron con 173 personas recluidas.
En sus observaciones, el Grupo indicó que de las aproximadamente 90 mil personas en detención preventiva en México en 2022, alrededor del 50 por ciento estaban sujetas a prisión oficiosa, y algunas han permanecido por más de cinco años en esa condición.
Advirtió que la prisión preventiva oficiosa ha sido considerada una violación de los derechos humanos en varias de sus opiniones y recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la declaró como una violación a las obligaciones internacionales de México.
«Las autoridades mexicanas deben armonizar su enfoque sobre la detención preventiva con el derecho internacional de los derechos humanos, derogando la detención preventiva oficiosa de la Constitución y estableciendo que la detención preventiva sólo pueda aplicarse en función de una evaluación individualizada en la que se demuestre el riesgo de que el acusado se fugue, cometa una reincidencia grave o manipule las pruebas o testigos», remarcó.
En rueda de prensa, Miriam Estrada-Castillo, integrante del Grupo, indicó que se encontró que un número considerable de personas sufre violencia excesiva al ser detenidos, muchas veces para obtener confesiones.
«Hemos notado que, en algunos casos, se utilizaron interpretaciones ampliadas del delito flagrante que violan los derechos humanos», alertó.
En tanto, Ganna Yudkivska advirtió que, en el caso de los migrantes, persisten las detenciones que superan el máximo de 36 horas establecido en la ley.
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