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Acusan pruebas contaminadas en caso Odebrecht contra Lozoya
Redacción | V más Noticias
Ciudad de México. Las pruebas excluidas del juicio de Emilio Lozoya por el caso Odebrecht estaban contaminadas desde su origen, como lo corrobora una sentencia dictada a principios de mes en Brasil, en favor del Presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, aseguró la defensa del ex director de Pemex.
Los abogados Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso respondieron hoy al comunicado de la Fiscalía General de la República, en el que ayer acusó a las autoridades judiciales de actuar parcial e ilegalmente, por desechar los documentos financieros entregados por Brasil y Suiza que acreditan los sobornos de Odebrecht a Lozoya.
Los litigantes difundieron un fallo del Supremo Tribunal Federal brasileño en el que concluye que en la investigación contra Lula hubo violación a la cadena de custodia, coacción a testigos y colusión de fiscales y jueces para ajustar la acusación.
«Debemos enfatizar que no sólo en México se han desechado las pruebas vinculadas al caso ‘Odebrecht’. Recientemente (6 de septiembre de 2023), el Supremo Tribunal Federal de Brasil desechó las pruebas del mismo caso, por considerarlas ilícitas, tal y como se desprende de la sentencia dictada en el caso instaurado contra Luiz Inácio Lula da Silva», dijeron.
«En suma: las pruebas utilizadas en el caso Odebrecht están contaminadas de origen, por ello son ilícitas y no pueden ser utilizadas en México. De ahí que la resolución dictada en esta materia en nuestro país sea lícita, legal y ejemplar».
Los defensores puntualizan que el Supremo Tribunal Federal de Brasil dejó en claro que este hecho resquebrajó el pilar del sistema acusatorio -también vigente en México-, conforme al cual una parte es la que acusa y otro sujeto procesal es el que decide, pues en el caso de Lula ambas partes acusaron.
«Esta sentencia (…) deja claras las graves violaciones a derechos fundamentales cometidas a escala de la investigación y del juicio del caso Odebrecht y que impactan en el resto de casos instaurados a escala mundial. Entre éstas destacan la flagrante violación a la cadena de custodia de los sistemas informáticos de Odebrecht -de donde se obtuvo toda la información para imputar a diversos actores a nivel internacional-, y la mecánica mediante la cual los fiscales brasileños y el Juez de la causa se coludieron para acordar – ilícitamente-, la forma de imputar a Lula da Silva».
«A estas dos flagrantes violaciones a los derechos fundamentales se suma una tercera -que no es la última-, consistente en la coacción psicológica ejercida sobre diferentes testigos, la cual ocasionó enfermedades y muerte de personas vinculadas al caso Odebrecht», afirmaron.
El pasado sábado REFORMA dio a conocer que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación declaró ilícita toda la información financiera entregada por Brasil y Suiza, para acusar a Lozoya de recibir sobornos de Odebrecht, porque no fue obtenida mediante orden judicial. Con su resolución, todos esos informes entregados por solicitudes de asistencia jurídica fueron excluidas para el juicio.
«Por un lado, el desechamiento de dichas pruebas obedece a que éstas fueron obtenidas ilícitamente en el lugar de origen, con especial referencia a la falta de control judicial. Que la FGR haya recibido dichas pruebas con base en un Tratado Internacional, no legitima la ilicitud de la prueba obtenida con base en violaciones a derechos fundamentales», agregaron los abogados.
«De ahí que la resolución judicial que la FGR califica de parcial e ilegal, es absolutamente correcta, lícita y acorde a un modelo democrático de derecho penal, respetuoso de los derechos fundamentales de las personas humanas y jurídicas».
La defensa también respondió a las acusaciones de ilegalidad que hizo la Fiscalía contra el juez que dictó la suspensión condicional del proceso del Caso Agronitrogenados, en favor de Lozoya, sin pagar un sólo dólar y gracias a que el empresario Alonso Ancira ya había empezado a reparar el daño por este asunto.
«Es necesario destacar lo siguiente: ningún artículo de nuestra legislación le impide a Emilio Lozoya Austin beneficiarse del acuerdo reparatorio al que arribó diverso coacusado», dijeron.
«Así mismo, la suspensión del asunto conocido como ‘Agronitrogenados’, se fundamentó en instrumentos internacionales, la ley penal mexicana, la Jurisprudencia, así como en el ejercicio legítimo de una defensa adecuada».
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