Magistrados federales ordenan cambiar medida cautelar para jueza detenida en Veracruz
Los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito con residencia en Boca del Río determinaron que la jueza Angélica Sánchez Hernández puede continuar su proceso en libertad al considerar que la medida cautelar de prisión preventiva que se dictó en su contra por la presunta comisión de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias resultó excesiva.
En ese sentido, los magistrados federales ordenaron al juez de control que conoce del caso que dicte una resolución nueva, la cual permitirá a la jueza Angélica Sánchez que enfrente el proceso en libertad.
Los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito con residencia en Boca del Río acordaron dicha resolución a favor de la jueza en sesión celebrada este miércoles.
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Cabe mencionar que la jueza Angélica Sánchez Hernández promovió una queja en contra de la demanda de amparo que un juez federal rechazó para modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
En ese sentido, se integró el expediente 175/2023 en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito.
Durante la sesión celebrada este miércoles, los magistrados federales determinaron como fundada la queja e incluso calificaron como desproporcionadas las consideraciones jurídicas en las cuales se basó el juez de control para imponer la prisión preventiva oficiosa a la jueza Angélica Hernández Sánchez.
Demanda de amparo
De ahí que los magistrados federales ordenaron al juez federal que rechazó la demanda de amparo que otorgue la suspensión provisional a la jueza Angélica Sánchez para que enfrente el proceso en libertad, lo cual significó otro revés en contra de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial del estado de Veracruz.
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Cabe recordar que la jueza Angélica Sánchez Hernández fue aprehendida en la Ciudad de México el 21 de junio pasado por la existencia de una carpeta de investigación iniciada en su contra por la presunta comisión de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, dictándose prisión preventiva oficiosa en su contra, lo que ahora magistrados federales determinaron que resultó una medida excesiva.