Lanzan estrategia nacional contra tortura 

Por el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, que se conmemora el 26 de junio, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, presentó el documento.

Iris Velázquez/Agencia Reforma

La Secretaría de Gobernación (Segob) lanzó la Estrategia Nacional contra la Tortura que abarca acciones para 18 instituciones gubernamentales, entre ellas el Instituto Nacional de Migración (INM) y el Sistema Penitenciario Federal, las más cuestionadas por ese delito.

Por el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, que se conmemora el 26 de junio, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, presentó el documento.

 Encinas aclaró que aunque el programa correspondiente a la prevención y erradicación de la tortura le corresponde elaborarlo, publicarlo e implementarlo a la Fiscalía General de la República (FGR), esta estrategia se lanza para avanzar en la materia y fomentar acciones que ayuden a la prevención.

 «Se ha avanzado con ellos (FGR), hemos venido trabajando, pero pues lamentablemente este programa todavía no está listo (..) en tanto este programa se logra cristalizar, este planteamiento que tenemos para desarrollar acciones específicas en 18 instituciones públicas del Gobierno Federal busca avanzar desde ahora en esta práctica institucional, interinstitucional coordinada puntualmente», afirmó.

 Según datos de la Segob, esta estrategia contempla 60 líneas de acción, se difunde a través de una campaña que empezó ayer y continuará hasta el próximo 30 de junio con el objetivo de visibilizar abusos y orientar a la ciudadanía. 

Los videos de la estrategia serán proyectados en centros de readaptación social, en espacios de visitas familiares y en instalaciones del INM, en 36 lenguas.

 El subsecretario mencionó que se pondrá énfasis en dos instituciones que destacan por inconformidades ciudadanas por el actuar de sus funcionarios.

 «En dos áreas que han sido cuestionadas, tanto el Instituto Nacional de Migración, como lo que es el Sistema Penitenciario Federal (…) seguimos teniendo el principal número de quejas y denuncias en los sistemas penitenciarios locales, (también) el Sistema Nacional de Seguridad se está trabajando directamente y esperemos que en todas las áreas», expuso.

 Esta estrategia contempla medidas para salvaguardar los derechos humanos de las personas detenidas desde el primer contacto con fuerzas del orden ya sean civiles o militares como elementos de la Secretaría de la Defensa, de la Marina o de la Guardia Nacional.

 Las corporaciones de seguridad, afirmó el director general de Estrategias de Atención de los Derechos Humanos de Gobernación, Félix Santana Ángeles, han establecido varios compromisos dentro de los cuales se encuentra integrar la información de los casos de privación de la libertad en el Registro Nacional de Detenciones y promover el uso de medios electrónicos para monitorear las aprehensiones y los traslados.

 También asumieron la aplicación de programas de capacitación en el uso legítimo de la fuerza y prevención de la tortura.

 En tanto, detalló, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que se ha suscrito en esta estrategia, prometió establecer y mantener mecanismos para la recepción de denuncias al interior de los lugares de privación de la libertad, garantizar que los centros penitenciarios cuenten con suficiente personal médico especializado, así como los protocolos únicos con perspectiva de género para realizar los exámenes médicos.

 Así como supervisar de forma periódica y sistemática en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil los espacios de reclusión.

 Con respecto a Instituto de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, agregó, han establecido compromisos de utilizar el alojamiento temporal en las instalaciones como último recurso y por el periodo más breve posible.

 «Aplicar el principio de no devolución de los solicitantes, del reconocimiento de la condición de refugiados o personas a las que se les otorgue protección complementaria», comentó Santana.

 De manera general, añadió el funcionario, las instituciones gubernamentales se comprometieron a capacitar y concientizar a su personal y pedirles que acaten los lineamientos de organismos internacionales en materia de derechos humanos, promover campañas de sensibilización dirigidos a servidores públicos.

También establecer una ruta de «cero tolerancia» y mecanismos de denuncia, y evitar que los funcionarios se abstengan de realizar expresiones que deslegitiman, criminalicen o victimicen a los ciudadanos.

 La Secretaría de Salud, agregó, junto con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, así como servicios de atención psiquiátrica establecieron una serie de compromisos y líneas de acción para la promoción del buen trato durante el embarazo, parto y puerperio en las unidades de servicios médicos.

Asimismo, la responsabilidad de ejecutar y supervisar la aplicación de Normas Oficiales Mexicanas sobre la atención a la mujer durante el embarazo, parto, puerperio, sobre la violencia familiar y sexual contra las mujeres, para dar un trato digno y con enfoque de género. 

En materia de educación, se solicitó que se eviten los castigos corporales en los métodos de enseñanza.